Tensión entre las provincias y Nación por el financiamiento del Fondo para la Protección de Bosques

Diversas provincias se manifestaron en la última semana en contra de la decisión de la Casa Rosada de recortar partidas que integraban el Fondo para la Protección de Bosques y advirtieron sobre las posibles consecuencias en el marco de la temporada de incendios y el avance del cambio climático.

En este sentido, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) difundió un “enérgico” rechazo al Decreto 888/24 del Gobierno de Javier Milei, que dispone la eliminación del Fideicomiso del Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE). Autoridades provinciales y nacionales vinculadas al cuidado ambiental compusieron la Asamblea Extraordinaria para expresar el respaldo a esta herramienta clave para la conservación de los bosques y alertaron sobre los riesgos que implica su disolución.

La voz más resonante fue la de la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán, quien preside la Comisión de Bosques Nativos del COFEMA: calificó la medida como "inconstitucional" y denunció que vulnera el principio de no regresividad en la protección ambiental. 

Según un comunicado de prensa del Gobierno de Jujuy, la eliminación del fideicomiso pone en riesgo la transferencia de fondos a las provincias, afectando los recursos destinados a la compensación por los servicios ambientales que brindan los bosques.

Desde la Casa Rosada eligieron no recoger el guante de la confrontación y sólo remitieron un mensaje a través del Ministerio de Ambiente de la Nación: aseguraron que los fondos correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024 se distribuirán como establece la Ley 26.331, aunque los intereses generados por el fideicomiso no serán transferidos. 

Ante este escenario, las provincias expresaron su preocupación por la falta de garantías para la continuidad de estos fondos en el futuro. En línea, COFEMA aprobó una resolución declarando la inconstitucionalidad del decreto, señalando que contraviene acuerdos internacionales como los convenios de París y Escazú, y solicitó la restitución inmediata del fideicomiso. Además, rechazaron el monto asignado al FOBOSQUE en el proyecto de presupuesto 2025, exigiendo que se destine el 0,3 % del presupuesto nacional, tal como lo establece la ley.

Las provincias se reservaron el "derecho de iniciar acciones legales y políticas para proteger sus derechos ante la disolución del fideicomiso en base a los términos del art. 41, 43 y 124 ss y cc de la Constitución Nacional".
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