*Este artículo es una traducción directa del original, publicado en CYIS.org el 8 de septiembre de 2021. 

China es actualmente el segundo socio comercial más grande de América Latina, sólo después de Estados Unidos. Si bien esta asociación ha derivado en importantes beneficios a corto plazo a la región, las inversiones chinas se han relacionado con la degradación ambiental de la región y los crecientes conflictos sociales. El compromiso de la comunidad y el diálogo activo entre las partes interesadas es vital para que las relaciones comerciales entre China y América Latina sean sostenibles en todos los significados de la palabra.

China ha estado en una búsqueda global de materias primas para impulsar su economía, siendo América Latina un proveedor principal desde mediados de la década de 2000; en 2019, China representó un récord del 29 % de las materias primas extractivas de América Latina y el Caribe. A su vez, a pesar de la caída del  7 % en el producto interno bruto (PIB) de la región debido a la pandemia Covid-19, las exportaciones de China a América Latina representaron el 3.8 %de su PIB en 2020, la participación más alta desde 2000.

China también invierte en los sectores de infraestructura, energía y minería de América Latina. Entre 2000 y 2019, invirtió $58.4 mil millones en el sector energético en América Latina, de los cuales más del 15 % se destinó a energí­as renovables. Es este marco, China ha invertido recientemente en vehículos eléctricos en Chile, Argentina y Colombia, y ha financiado proyectos de energía solar y eólica en Argentina y Colombia.

Actualmente, diecinueve países latinoamericanos han firmado Memorandos de Entendimiento para formar parte del proyecto de desarrollo de infraestructura más ambicioso de China: la Iniciativa Belt and Road (BRI). Esta estrategia busca promover la conectividad económica y la asociación de Asia, Europa y África y sus mares adyacentes a lo largo de seis corredores económicos, con ejes sobre cinco prioridades: coordinación de políticas, conectividad de instalaciones, comercio sin obstáculos, integración financiera y vínculos entre pueblos.

Si bien la presencia de China en la región posiblemente ha beneficiado a los países latinoamericanos que exportan bienes primarios y ha impulsado la diversificación de la matriz energética, el aumento de la presión sobre el sector de las materias primas ha exacerbado la degradación ambiental y provocado trastornos sociales. 

El comercio entre China y América Latina ha generado más erosión social y ambiental que la actividad económica interna de la región y sus alianzas con otros países. Las emisiones de gases de efecto invernadero de las exportaciones latinoamericanas a China aumentaron más de seis veces entre 2000 y 2012, alcanzando 650 toneladas de CO2 equivalente al final del período. En contraste, las emisiones de la actividad económica general de la región aumentaron en un 50 % durante el mismo período.

Las inversiones chinas también representan una gran amenaza para las áreas biodiversas y los territorios indígenas, ya que éstos han sido penetrados por gran parte de la infraestructura construida para llevar las exportaciones a los puertos, lo que conlleva deforestación, fragmentación forestal y alteración de los patrones de migración animal. Un ejemplo de esta realidad es la Mina Canutillos, ubicada a 48 kilómetros al noreste de la ciudad de Potosí, en el municipio de Tacobamba, Bolivia. Potosí tiene la tasa más alta de población indígena en Bolivia, y alrededor del 61 % de la población de Tacobamba vive bajo la línea de la pobreza. En 2010, la cooperativa minera local Alto Canutillo firmó un acuerdo con Jungie Mining Industry SRL, una empresa minera de propiedad china, para la exploración y explotación de la mina Canutillos sin una licencia ambiental. En 2014, los miembros de la comunidad presentaron varias quejas con respecto a una fuga de agua ácida de los relaves de Jungie al río Jayaj Mayu, una fuente esencial para la agricultura, la ganadería y otras actividades que brindan sustento a los lugareños.

En cuanto a la deforestación, un informe reciente reveló que los bancos e inversionistas chinos proporcionaron más de $22.5 mil millones de dólares a las principales empresas que producen y comercializan productos básicos relacionados con la deforestación, como aceite de palma, soja y carne de res, entre 2013 y 2020. 

Stephanie Jensen-Cormier, jefa de investigación de la Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina (IISCAL) también señala los impactos de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de las flotas chinas en los mares de la región. "China es uno de los que más gasta en subsidios pesqueros perjudiciales y de los 570 barcos pesqueros estimados en las aguas de América Latina y el Caribe, 399 son chinos, revela.

Las deficiencias de la gestión ambiental de los gobiernos latinoamericanos también son un factor que contribuye a esta relación asimétrica. El problema no es sólo la falta de estándares sociales y ambientales, sino la aplicación de la legislación nacional. Volviendo al caso de la Mina Canutillos, si el gobierno boliviano hubiera obligado a Jungie Mining Industry SRL a cumplir con la Ley Ambiental 1333 que establece que "en cada una de sus operaciones o concesiones mineras, los comerciantes u operadores mineros deben contar con una licencia ambiental para su explotación minera", a la empresa no se le habría permitido operar. "A veces se implementan Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), pero es más un ejercicio destinado a marcar la casilla del requisito que un proceso completo", comenta Jenser-Cormier.

Asimismo, la ley peruana establece que la aprobación de un proyecto debe obtenerse de dos tercios de los ciudadanos de la zona. Sin embargo, Rio Blanco Copper SA -propiedad de la empresa estatal china Zijin Mining Group Ltd.- inició operaciones en la mina Rio Blanco sin una licencia social. La empresa tampoco presentó la evaluación de impacto ambiental y en febrero de 2008 fue multada con 100 unidades tributarias -equivalentes a cerca de 75.000 euros- por parte de la Superintendencia de Inversiones en el Sector Energético del gobierno peruano. En este caso, presumiblemente, la falta de aplicación de la ley se debió a que el gobierno peruano se vio atrapado en un conflicto de intereses, ya que el organismo encargado de hacer cumplir la legislación también está a cargo de atraer la inversión china.

Muchas empresas chinas se han enfrentado a importantes críticas y oposición de la sociedad civil latinoamericana, y en ocasiones incluso a procesos judiciales y suspensión de actividades. En consecuencia, las consideraciones de sostenibilidad se han integrado progresivamente en la agenda de inversiones de China, y las empresas chinas parecen estar haciendo esfuerzos para mejorar su desempeño y abordar los impactos sociales y ambientales de sus operaciones.

Tales esfuerzos a menudo toman la forma de inversiones en el sector de las energías renovables, a saber, la construcción de lo que se dice que es la planta solar más grande de América Latina, el proyecto Caucharí en Jujuy, Argentina. El gobierno chino también ha introducido salvaguardas sociales y ambientales en las pautas de inversión para proyectos en el extranjero. Estos incluyen las Directrices sobre protección ambiental para la inversión y cooperación salientes de China, desarrolladas por el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Protección Ambiental de China, y las directrices sobre "Crédito Verde" emitidas por la Comisión Reguladora Bancaria de China.

A pesar de las buenas intenciones detrás de estos instrumentos, ninguno de ellos es jurídicamente vinculante, por lo que su eficacia es cuestionable. Hablando de manera realista, parece poco probable que se acerque el final de la demanda histórica de China por recursos naturales de América Latina. En este contexto, ¿qué debe cambiar para que China no trunque el desarrollo sostenible en América Latina?

La asociación estratégica entre China y América Latina está condenada al fracaso a menos que se mejore la participación de las partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales locales. Como señala Jensen-Cormier, "el mayor problema es que los proyectos chinos en América Latina no tienen un buen historial de llevar a cabo procesos de debida diligencia adecuados, especialmente cuando se trata de consultas comunitarias y la obtención del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas". Esto implica esfuerzos de las empresas chinas para garantizar la participación de la sociedad civil durante todo el ciclo de vida del proyecto, pero también un compromiso de los gobiernos latinoamericanos para acabar con la marginación sistemática de las comunidades indígenas en la toma de decisiones.

La participación plena, regular y activa de los pueblos indígenas garantiza que todos los intereses estén representados por igual y brinda la oportunidad de utilizar sus conocimientos y experiencia tradicionales para obtener mejores resultados en materia de gobernanza. En consecuencia, Jensen-Cormier agrega que "las voces de las comunidades y los pueblos indígenas son cruciales, tanto desde el punto de vista de la justicia social como porque estos grupos demográficos son los más importantes guardianes del medio ambiente".

El papel de la sociedad civil debe reforzarse para obtener mejores resultados de sostenibilidad, ya que ha demostrado desempeñar un rol crucial en hacer que tanto las empresas chinas como los gobiernos locales rindan cuentas, denuncien las malas prácticas y exijan mecanismos de supervisión. El caso del Proyecto Río Negro en Argentina representa el ejemplo ideal. En 2010, el malestar social fue alimentado por un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Río Negro y la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang, consistente en la concesión de unas 320.000 hectáreas de tierra que fueron la patria histórica de la comunidad indígena mapuche, para la exportación de soja, trigo y colza. El proyecto fue rechazado en gran medida por los mapuches, ambientalistas y ONG´s locales que abogaron por la soberanía nacional y el patrimonio cultural. En noviembre de 2011, el tribunal provincial suspendió el proyecto por motivos ambientales, lo que provocó su cancelación definitiva.

Los gobiernos de América Latina también deben mejorar su aplicación de la ley y responsabilizar a las empresas extranjeras por el mal comportamiento empresarial. "Los gobiernos de América Latina tienen la obligación de asegurar que cualquier proyecto extractivo en sus propios países, sean chinos o no, respeten sus propias leyes y las mejores prácticas de sostenibilidad", enfatiza Jensen-Cormier. Esto incluye exigir que las empresas chinas realicen evaluaciones de impacto social y ambiental de los proyectos de inversión actuales y propuestos, sin saltarse el proceso de consulta, y asegurándose de que estén operando de acuerdo con los principios del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un tratado regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe. Exige que todas las partes alienten a las empresas públicas y privadas a elaborar informes de sostenibilidad que reflejen su desempeño social y ambiental, así como a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales con base en los marcos normativos nacionales e internacionales. 

También es importante señalar que la mayoría de los países latinoamericanos han ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 (OIT 169), un Convenio de la Organización Internacional del Trabajo que requiere que los gobiernos adquieran el CLPI de las comunidades indígenas antes de que se tomen decisiones que podrían afectarlas, además de implementar estrategias de participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales basados en marcos normativos nacionales e internacionales. 

Para evitar que las consideraciones de sostenibilidad se queden solamente en el papel, es necesario fortalecer el compromiso cívico de abajo hacia arriba, la aplicación de la ley a nivel nacional y la representación indígena. Esto plantea un gran desafío tanto para China como para América Latina, que tendrán que trabajar conjuntamente para desarrollar proyectos de inversión que consideren los reclamos locales, generen retornos financieros a largo plazo y preserven la biodiversidad. Es necesario hacer un compromiso bidireccional para garantizar que la asociación estratégica entre China y América Latina sirva a las comunidades locales relevantes y al medio ambiente.