Las últimas semanas de 2021 de Argentina estuvieron signadas por un denominador común: el fuego. Decenas de focos se reprodujeron prácticamente de forma simultánea a lo largo del país, afectando bosques, húmedales, entornos vírgenes y reservas. Sin embargo, la respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no fue la esperada: dejó que venciera el estado parlamentario del proyecto de la Ley de Humedales y días antes del cambio de año aprobó la exploración sísmica petrolífera en la plataforma submarina. Organizaciones ecologistas reclaman con urgencia un giro radical en la agenda del gabinete y hasta piden por la renuncia del ministro Juan Cabandié. 

En total, once provincias se encuentran afectadas actualmente por incendios: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Formosa. Prácticamente la mitad del país arde. Ante este panorama, se declaró la emergencia ígnea nacional. Especialistas mencionan entre las causas a las sequías, las altas temperaturas, el cambio climático, políticas de manejo del fuego erróneas y hasta incendios intencionales.

Al respecto, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, explicó que este escenario está enmarcado en "una sequía enorme que hace dos años está afectando al país" y puntualizó que "en el caso particular de la Patagonia, la situación está acentuada porque prácticamente no hubo nieve durante el invierno y en este momento las temperaturas son altas y los tenores de humedad muy bajos". Y agregó lo que todos sospechábamos: que "es muy probable que, como resultado del cambio climático, puedan presentarse temporadas de fuego a lo largo de todo el año".

El reclamo de las organizaciones ambientales se acentuó luego que el proyecto de la Ley de Humedales, que, entre otras formulaciones, prohíbe el uso inmobiliario de las tierras arrasadas, perdiera estado parlamentario en la última semana del año.

Rodolfo Martínez, miembro de la Multisectorial por una Ley de Humedales, enumeró en diálogo con el medio GO Noticias que las causas tienen que ver con un factor natural, otro intencional, uno político y un restante judicial. En principio, destacó "la falta de lluvias y el extremo calor. Se seca la hierba y es más fácil que el fuego se extienda".

Luego, planteó "el problema de los fuegos intencionales. Hoy, si tiramos un fósforo en una laguna seca, un ganadero puede hacer crecer allí pasto verde para darle de comer a las vacas. Se está viendo una masiva especulación para ganar hectáreas. Hablamos de intereses ganaderos pero también inmobiliarios".

A su vez, expresó que "hay una complicidad política en la falta de control" y que "el poder judicial no tiene una sola condena firme. Están a destiempo o corrompidos".

En las últimas horas de 2021, mientras el fuego recrudecía y ponía en peligro la biodiversidad de once provincias, el Gobierno autorizó la explotación petrolera sísmica en tres zonas de la costa de Mar del Plata. Así lo dispone la resolución 436/2021, que cuenta con las firmas del presidente, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.

Las áreas de exploración off shore son  CAN 100, CAN 108, en la Cuenca Argentina Norte, ubicadas a 307 kilómetros frente a la costa de Mar del Plata, y CAN 114, a 443 kilómetros, y fueron presentadas por Equinor en sociedad con YPF y Shell.    

De inmediato, Greenpeace Argentina emitió un comunicado condenando la medida y anticipó que resistirán "por todas las vías necesarias" para evitar los daños sobre "los ecosistemas y las comunidades que de estos dependen". "El Ministerio de Ambiente perdió la oportunidad de velar por un ambiente sano al abrirle la puerta a la industria petrolera frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, lo que será una verdadera condena para el mar, sus ecosistemas y las comunidades que de estos dependen. Resistiremos  por todas las vías necesarias, exigiendo que estos proyectos se rechacen y continuaremos exponiendo públicamente los peligros que implican", sostuvo Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace.

Simultáneamente, cientos de personas se movilizaron a la residencia presidencial situada en Chapadmalal, a sólo 23 kilómetros del área que se convertirá en territorio submarino de explotación petrolífera, para reclamar por la urgente derogación del permiso de exploración sísmica.